La participación de las partes interesadas está reconocida como un pilar de la buena gobernanza, que permite la elaboración de políticas públicas abiertas y receptivas, reforzando así la confianza pública en el gobierno y la resiliencia democrática (OCDE, 2022a). En consecuencia, muchos países requieren la participación de partes interesadas en la creación de regulaciones, y diseñan estrategias a estos fines. En 10 de 13 países de América Latina y el Caribe (ALC) encuestados, se dispone de datos sobre legislación relativa a la participación de las partes interesadas en la formulación de políticas públicas, y sobre peticiones u otras formas de iniciativa ciudadana. En 10 de los 13 países (77%), existen disposiciones legislativas sobre la gestión de las quejas de los ciudadanos. La recopilación y el uso de las reacciones de los ciudadanos por parte de las entidades gubernamentales son menos comunes, ya que solo 7 de los 13 países (54%) cuentan con una disposición legal al respecto (Gráfico 4.4).
Los países de la región de ALC cuentan con estrategias para mejorar la participación de los distintos grupos de la sociedad. Por ejemplo, los 15 países encuestados tienen estrategias específicas para promover la inclusión de las mujeres en el diseño de políticas públicas. Además, 14 de 15 países (93%) tienen estrategias para fomentar la participación de los jóvenes y las personas con necesidades especiales. Costa Rica y Panamá tienen estrategias para fomentar la participación de los nueve grupos enumerados en la encuesta, mientras que otros países tienen estrategias solo para algunos de ellos (Gráfico 4.5).
Los gobiernos están utilizando herramientas digitales para aumentar el alcance y el impacto de los procesos participativos (OCDE, 2022b). En 30 de 32 países de la OCDE encuestados cuentan al menos con una plataforma digital para la participación ciudadana (94%), en comparación con 10 de los 15 países de ALC encuestados (67%). De ALC, 4 países (27%) tienen un único portal gubernamental, en comparación con 15 de la OCDE (47%) (Gráfico 4.6). El fomento del uso de estos portales debe ir acompañado de políticas públicas que aborden las posibles brechas digitales y garanticen que se escuchan todas las voces.
Entre otros factores, el impacto de los portales de participación depende de las funcionalidades que ofrezcan. La función más común de los portales en los países de ALC es la elaboración de consultas en línea, que se ofrece en 8 de los 10 países con portales. Otras funciones comunes incluyen proporcionar comentarios sobre los aportes recibidos y proporcionar información sobre oportunidades de participación pasadas (ambas ofrecidas en 7 de 10) o proporcionar información sobre próximas consultas o documentos de referencia relacionados (ambas ofrecidas en 6 de 10). Uruguay tiene un único portal de participación con todas las funcionalidades enumeradas, mientras que Ecuador tiene múltiples portales de participación que comparten varias de las funcionalidades enumeradas; por otro lado, el portal de participación de Panamá solo incluye una de las funcionalidades enumeradas, lo que subraya las diferencias en las funcionalidades disponibles para la participación de los ciudadanos en la región (Gráfico en línea F.2.1).
