Además de ahorrar en costos y fomentar la eficiencia operativa, la contratación pública estratégica promueve objetivos sociales como sostenibilidad, inclusión, desarrollo comunitario y responsabilidad medioambiental. Estos objetivos se promueven mediante mecanismos para fomentar la innovación, el ofrecimiento de condiciones para la competencia en igualdad de condiciones para las pequeñas y medianas empresas (pymes), la priorización de las empresas que cumplen criterios de sostenibilidad medioambiental e igualdad de género, entre otros. Si bien el uso de la contratación pública como instrumento estratégico de políticas públicas no es un fenómeno reciente, su adopción por parte de las administraciones públicas de los países de América Latina y el Caribe (ALC) es cada vez más frecuente (Delgado et al., 2023). Dado que los gobiernos definen las reglas de los procesos de contratación, pueden también establecer reglas que consideren objetivos sociales durante las licitaciones, las adjudicaciones de ofertas o la evaluación de proyectos.
De hecho, 16 de los 19 países de ALC encuestados (84%) tienen políticas o estrategias en sus sistemas centrales de contratación pública diseñadas para lograr uno o más objetivos sociales. Uno de los objetivos más comunes es el de las políticas o estrategias para las pymes, ya sea a nivel central o por entidades contratantes (14 de 19 países, 74%). Asimismo, 9 países de ALC (47%) cuentan con estrategias/políticas de compras verdes a nivel central. Por ejemplo, Colombia ha puesto en marcha programas de compras verdes, que han dado lugar a la planeación de políticas de contratación con criterios medioambientales en los ministerios. Además, siete de los países de ALC encuestados tienen políticas sobre prácticas empresariales responsables (37%); seis sobre empresas propiedad de mujeres (31%), y cuatro, sobre bienes y servicios innovadores (21%), mientras que alrededor del 25% de los países están desarrollando estrategias para todos estos objetivos a nivel central. Con un alcance más limitado, en Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Trinidad y Tobago, algunas agencias centrales de contratación han desarrollado estrategias o políticas internas para compras verdes (Tabla 7.1). El número de países de ALC que recurre a la contratación pública estratégica para perseguir objetivos sociales indica que se usa cada vez más para atender algunos de los problemas sociales más apremiantes de la región, como la desigualdad y los riesgos climáticos.
Por otra parte, todos los países encuestados cuentan con marcos normativos de contratación pública que contemplan al menos un objetivo social. El objetivo más común es el medio ambiente (89%), seguido por los derechos laborales (74%) y las normas de integridad (63%). Solo Jamaica y Surinam tienen marcos normativos con objetivos sobre desempleo de larga duración. Jamaica, Paraguay y Trinidad y Tobago incluyen en sus marcos siete de los ocho objetivos sociales (Gráfico 7.10).
Finalmente, los objetivos sociales pueden utilizarse como criterio para adjudicar licitaciones. El criterio más utilizado es si una propuesta tiene en cuenta a las pymes (11 de 19 países lo utilizan el 50% de las veces o más). Le sigue la contratación pública verde (cuatro países declararon una frecuencia de 50% o más). Panamá utiliza siempre este criterio para adjudicar licitaciones; Costa Rica y Paraguay lo utilizan el 75% de las veces, mientras que Colombia lo considera el 50% de las veces (Gráfico 7.11).
