La transparencia en la toma de decisiones es fundamental para el funcionamiento de la democracia. Esta ofrece a los ciudadanos y a las partes interesadas una visión de las instituciones que sirven a sus intereses, garantiza que los ciudadanos conozcan las actividades del gobierno y puedan examinarlas cuando sea necesario. Una legislación sólida en materia de acceso a la información, que abarque tanto la divulgación proactiva como reactiva de información, y delimite responsabilidades claras para la aplicación de las leyes de acceso a la información garantizan una mayor transparencia. También pueden actuar como herramientas contra la corrupción y la mala gestión. Promover el acceso a la información con una supervisión institucional fuerte puede apoyar la democracia a nivel nacional y regional en América Latina y el Caribe (ALC) (OCDE, 2022).
Las leyes de acceso a la información, aplicables a todos los poderes y niveles de gobierno, son fundamentales para permitir el acceso de los ciudadanos a documentos y datos, fomentando una participación informada en la vida pública. Las leyes se aplican a una amplia variedad de instituciones en los países de ALC encuestados. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como las empresas estatales, están sujetos a leyes nacionales de acceso a la información en 13 de los 14 países encuestados. La excepción es Costa Rica, donde cada institución tiene su propio marco jurídico de acceso a la información. En 12 países estas leyes abarcan gobiernos subnacionales (86%), mientras que en 11 países (79%) abarcan a entidades privadas que manejan fondos públicos, y en 10 (71%) a instituciones independientes (Gráfico 4.10).
Las leyes de acceso a la información también requieren marcos de aplicación y supervisión. Los países encuestados cuentan con diversas instituciones que supervisan la implementación de estas leyes. En 8 de 14 países (57%) existe una comisión o agencia de información independiente con un mandato específico en la materia. En siete países (50%), la responsabilidad recae en una autoridad del gobierno central, mientras que cuatro (29%) cuentan con defensorías del pueblo que lo incluyen como parte de un mandato más amplio. La responsabilidad es compartida por múltiples instituciones en 6 de 14 países (43%), demostrando la diversidad de enfoques en la implementación y supervisión de estas leyes (Gráfico 4.11). Contar con una oficina o un funcionario especializado en el acceso a la información también puede agilizar los procesos y demuestra un firme compromiso con la divulgación de la información. Esto es obligatorio por ley en 12 de los 14 países encuestados (86%), en comparación con solo la mitad de la OCDE (Gráfico en línea F.2.2).
La divulgación proactiva de información por parte de los gobiernos tiene muchos beneficios. Minimiza las cargas administrativas, aumenta la eficiencia y proporciona a los ciudadanos un acceso oportuno a la información. Todos los países encuestados divulgan proactivamente al menos dos tipos de información, y todos ellos publican información sobre los salarios o las escalas salariales de los funcionarios. En cambio, las propuestas de políticas públicas solo se divulgan proactivamente en 6 de los 14 países encuestados (43%). Colombia, Ecuador, México, República Dominicana y Uruguay divulgan proactivamente todos los tipos de información incluidos en la encuesta (Gráfico 4.12).
Cuando la información no se divulga de forma proactiva, deben existir directrices claras sobre cómo los ciudadanos y las partes interesadas pueden presentar una solicitud de información. La accesibilidad puede mejorar considerablemente si se presta apoyo a los solicitantes con necesidades específicas, como a personas con discapacidad, los de bajo nivel de alfabetización o los que hablan una lengua minoritaria. Cabe destacar que 11 de 14 países ofrecen apoyo adicional a este tipo de solicitantes (79%), lo que hace que el acceso a la información sea más inclusivo. Solo 16 de los 32 países de la OCDE (50%) ofrecen este tipo de ayuda (Gráfico en línea F.2.3).
