Los reguladores económicos desempeñan un papel importante en la concretización de objetivos sociales, económicos y medioambientales en los sectores de servicios públicos. Contribuyen a garantizar la prestación eficiente de servicios esenciales como energía, comunicaciones electrónicas, transporte y agua. Aportan estabilidad, previsibilidad y confianza a mercados cambiantes y ocupan una posición única entre consumidores, operadores y gobiernos. A menudo creados como organismos independientes, su gobernanza es clave, así como su dotación de recursos. Las disposiciones de personal y presupuesto pueden determinar su rendimiento y afectar su autonomía, agilidad, responsabilidad, transparencia, habilidad y capacidad.
Los reguladores económicos dependen de la experiencia y las competencias de su personal para proporcionar análisis basados en evidencia para sustentar sus decisiones. Necesitan contratar personal adecuado para responder a las expectativas y roles cambiantes, a medida que la transformación digital y energética, junto con las crisis, transforman los sectores de servicios públicos. Sin embargo, en la práctica, los reguladores económicos pueden enfrentarse a limitaciones en su capacidad para contratar personal de forma autónoma (OCDE, 2022). De los 16 reguladores encuestados en los países de América Latina y el Caribe (ALC), siete (44%) necesitan la aprobación de un ministerio antes de contratar (Gráfico 5.12). Esto podría dificultar su trabajo, especialmente si tales requisitos impiden la contratación del número de personal necesario o si dificultan cubrir puestos en el momento oportuno.
Una financiación previsible permite a los reguladores planificar con antelación y salvaguardar su independencia. El proceso de asignación presupuestaria es uno de los ámbitos en los que puede haber influencias no deseadas. Asegurar acuerdos de financiación plurianuales puede contribuir a la independencia de un regulador al protegerlo de recortes presupuestarios por razones políticas como reacción a decisiones impopulares (OCDE, 2014). En la mayoría de los reguladores, las modificaciones al presupuesto aprobado no están permitidas o requieren la aprobación del legislativo. Entre los países de la OCDE, el ejecutivo puede modificarlo en determinadas circunstancias sin supervisión del legislativo solo para el 23% de los reguladores. La proporción es mayor en los países de ALC, donde 6 de los 15 reguladores (40%) se enfrentan a posibles cambios en su presupuesto aprobado sin la aprobación del legislativo (Gráfico 5.13). Un control insuficiente de los cambios en el presupuesto arriesgaría la autonomía financiera y, por tanto, reduciría su capacidad.
La transparencia en la asignación y el uso de los recursos públicos permite a la sociedad exigir rendición de cuentas. Dicha información puede aumentar la confianza en que los fondos se gastan adecuada y eficientemente. Los países de ALC muestran buenas prácticas, apoyando la rendición de cuentas al explicar las decisiones de los reguladores sobre los presupuestos. En 12 de los 15 reguladores económicos en ALC (80%), el organismo público que establece el presupuesto del regulador explica la decisión sobre la asignación presupuestaria. Esto ocurre solo en el 62% de los reguladores de los países de la OCDE (Tabla 5.2).
