Una fuerza laboral diversa es esencial para promover la representación y la inclusión de los grupos subrepresentados y vulnerables. Esta refuerza el rendimiento de la administración impulsando la innovación y contribuyendo a adaptar los servicios a las necesidades de la comunidad. La diversidad en la fuerza laboral crea una cultura más inclusiva que reduce prejuicios y promueve la generación de ideas y de diferentes enfoques para identificar y resolver problemas considerando todos los intereses y perspectivas. Esta debe considerar la integración de personas con discapacidad y promover la igualdad de género, tanto en las oportunidades de empleo como en la representación en diferentes niveles gubernamentales, para permitir una mayor pluralidad de perspectivas más cercanas a las necesidades de estos grupos.
En promedio, las mujeres representan 51.5% de la fuerza laboral del sector público de América Latina y el Caribe (ALC). En 10 de 15 países de ALC, las mujeres representan más de la mitad de los empleados del sector público, con Brasil y Chile a la cabeza (56%) por un margen pequeño respecto del resto. La proporción de servidoras públicas aumentó en 2 puntos porcentuales (p.p.) en promedio entre 2011 y 2021. En Trinidad y Tobago aumentó 6 p.p. en ese período, y en Costa Rica 5 p.p. Esta sobrerrepresentación de las mujeres puede estar relacionada a una mayor estabilidad laboral, igualdad salarial y de prestaciones. Por el contrario, las mujeres están infrarrepresentadas en el empleo total, que combina el empleo público y privado. En promedio, en ALC, las mujeres representaban 42% de la fuerza laboral en 2021, frente a 57% en los países de la OCDE (Gráfico 12.5).
A pesar de estar sobrerrepresentadas en el sector público, el panorama es diferente en los cargos directivos, donde las mujeres ocupan en promedio el 43% de los puestos. Guatemala, Honduras y la República Dominicana tienen la mayor proporción de mujeres en puestos directivos (57-63%). En Belice (67%) y Uruguay (67%) las mujeres ocupan más puestos secretariales. En promedio, en la región, las mujeres ocupan 54% de los puestos profesionales y 55% de los secretariales, lo que refleja dificultad para lograr la igualdad de género en los puestos directivos (Gráfico 12.6).
Por último, en los países de ALC con información disponible, los servidores públicos con discapacidad representan 1.1% de la fuerza laboral, por debajo de la cuota de discapacidad promedio de la región (4%). Algunos países de ALC han establecido cuotas fijas legalmente vinculantes, y otros permiten una mayor flexibilidad; por ejemplo, en Colombia, la cuota oscila entre 0.5% y 4%, dependiendo del número total de puestos de trabajo en cada entidad. También es el único país que, en promedio, ha cumplido su cuota, con un 3.6% de servidores públicos con discapacidad en su fuerza laboral (Gráfico 12.7). Chile recopila datos y publica un informe anual sobre el cumplimiento por parte de las administraciones públicas de su cuota legal del 1%. No obstante, la mayoría de los gobiernos de ALC no registran regularmente información sobre este tema, lo que dificulta la aplicación de la legislación o la recopilación de datos de calidad para su mejora.