La creación de una cultura de gobernanza centrada en las personas requiere la institucionalización de los principios y valores del gobierno abierto –transparencia, integridad, rendición de cuentas y participación– en las administraciones públicas. La alfabetización en materia de gobierno abierto se refiere a "la combinación de concientización, conocimiento y capacidades que los funcionarios públicos y las partes interesadas requieren para comprometerse exitosamente con las estrategias e iniciativas de gobierno abierto" (OCDE, 2017). La disponibilidad de herramientas, directrices y formación para los funcionarios sobre gobierno abierto es crucial para integrar los principios de gobierno abierto en el trabajo de las administraciones públicas.
Los materiales en formato escrito, como directrices, ayudan a los funcionarios a adherirse a los principios del gobierno abierto y garantizan que puedan ser aplicados de forma coherente. Las directrices más comunes en los países de América Latina y el Caribe (ALC) se refieren a la divulgación proactiva de información y a los datos abiertos, ambos disponibles para los funcionarios en 10 de los 14 países de ALC encuestados según los datos disponibles (71%). Les siguen las directrices sobre tecnologías digitales para fomentar el gobierno abierto (9 de 14 países; 64%) y las directrices explícitamente enfocadas en gobierno abierto (8 de 14; 57%). Sin embargo, las directrices sobre libertades de prensa y otras libertades civiles están considerablemente menos extendidas, y solo dos países (14%) ofrecen directrices al respecto. Destacan Brasil y Uruguay con directrices sobre la mayoría de los temas de gobierno abierto que han sido enumerados. Este enfoque integral contrasta con República Dominicana, Jamaica y Perú, que solo disponen de directrices sobre dos temas (Gráfico 4.7).
Las directrices destinadas a promover la participación de grupos específicos proporcionan orientaciones a los funcionarios sobre cómo relacionarse eficazmente con diversos segmentos de la población. Este involucramiento inclusivo contribuye a reunir diversas perspectivas y necesidades para la formulación de políticas públicas. En la región de ALC, solo 6 de los 13 países encuestados (46%) cuentan con directrices centradas en el fomento de la participación de grupos específicos. Dentro de estos países, la mayor atención se presta a las personas con discapacidad en cinco de los países encuestados (36%), seguidos de los jóvenes y las personas mayores, con directrices en cuatro de los países (29%). Sin embargo, los individuos con afiliaciones religiosas y los refugiados/solicitantes de asilo/migrantes están menos cubiertos, y solo Costa Rica cuenta con directrices para promover su participación. Costa Rica destaca por su enfoque integral, con directrices sobre el fomento de la participación entre ocho de los nueve grupos sociales encuestados. Los siguientes más completos son Jamaica y Uruguay, ambos con directrices que cubren cinco grupos, seguidos de Brasil, con directrices que incluyen cuatro grupos (Gráfico 4.8).
Los principios del gobierno abierto también pueden diseminarse entre los funcionarios a través de capacitación. La más común es la capacitación sobre acceso a la información, impartida a funcionarios en 13 de los 14 países de ALC encuestados (93%), seguida por la capacitación sobre el concepto de gobierno abierto y sobre datos de gobierno abierto, ambas ofrecidas en 11 de los 14 países (79%). Por el contrario, la formación sobre los derechos de las organizaciones de la sociedad civil es la menos común, impartida solo en 4 de los 14 países (29%). Brasil, Colombia y la República Dominicana son los países con mejores resultados en esta área, ya que ofrecen formación a los funcionarios públicos en los ocho temas relacionados con el gobierno abierto cubiertos por la encuesta (Gráfico 4.9).
