La participación de las partes interesadas en la toma de decisiones es clave en el gobierno abierto. Con este fin, la Disposición 8 de la Recomendación de la OCDE sobre Gobierno Abierto pide a los países que concedan a todos los actores oportunidades iguales y justas de ser informados y consultados, y de que participen activamente en todas las fases del ciclo de las políticas –diseño, implementación y seguimiento– y en el diseño y provisión de los servicios públicos (OCDE, 2017). Para que las partes interesadas participen de forma significativa en todos los ámbitos de políticas públicas, las propias estrategias e iniciativas de gobierno abierto también deben diseñarse, aplicarse y supervisarse de forma participativa. La participación de un grupo amplio de actores a lo largo del ciclo de políticas puede garantizar que estas y las iniciativas de gobierno abierto se beneficien de su experiencia y perspectivas y terminen atendiendo las necesidades diversas de varios grupos.
Los países de América Latina y el Caribe (ALC) están haciendo un esfuerzo por involucrar a partes interesadas en la etapa de diseño de las políticas públicas de gobierno abierto. Sin embargo, los niveles de participación tienden a disminuir en las fases posteriores. Por ejemplo, ocho de los países de ALC encuestados involucran a los sindicatos en la etapa de diseño, pero esto se reduce a tres países en la fase de implementación, y a ninguno en la fase de seguimiento. Hay descensos similares en la participación de la mayoría de las partes interesadas durante la fase de implementación y son aún menos los países que involucran a estos grupos durante la fase de seguimiento (Gráfico 4.1).
La participación en el diseño de políticas públicas de gobierno abierto ayuda a garantizar que estén bien informadas, sean equilibradas y aborden las preocupaciones de todas las partes. Las organizaciones de la sociedad civil participan en la fase de diseño de gobierno abierto en los 15 países encuestados, mientras que el sector académico está involucrado en 12 países (80%). Los ciudadanos participan en la fase de diseño en 11 países (73%), mientras que solo 9 (60%) involucran a las asociaciones empresariales y 8 (53%) a los sindicatos (Gráfico 4.2).
La participación durante la implementación de políticas públicas de gobierno abierto permite una retroalimentación en tiempo real que puede conducir a ajustes acordes a la realidad. Del mismo modo, la participación de las partes interesadas durante la fase de seguimiento aporta información sobre aquellos afectados por esta política pública, y ayuda a abordar desafíos imprevistos y adaptarse tanto a circunstancias cambiantes como a aquellas que se pasaron por alto durante la fase de diseño. Una vez más, destacan las organizaciones de la sociedad civil, ya que 14 de los 15 países (93%) las involucran tanto en la fase de implementación como en la de seguimiento. Sin embargo, no todos los grupos tienen el mismo nivel de participación. Las asociaciones empresariales solo están incluidas en ocho países durante la fase de implementación (53%) y solo en seis durante la fase de seguimiento (40%). La participación de los ciudadanos también disminuye durante estas últimas fases, ya que solo tres países (20%) los consultan durante la fase de implementación, y cuatro (27%) durante la fase de seguimiento. La participación de los sindicatos es aún menor, ya que solo tres países (20%) los consultan durante la fase de implementación y ninguno durante la fase de seguimiento (Gráfico 4.3).
