El Estado de Derecho es un pilar fundamental de la gobernanza democrática, y asegura que todas las personas y organizaciones, incluido el gobierno, estén sujetas a las mismas reglas, normas y principios. Las culturas jurídicas abarcan diversos elementos, como leyes, estatutos, tradiciones, decisiones procesales y acuerdos internacionales. Estos componen un sistema que mantiene el Estado de Derecho, protege los derechos y limita los poderes del gobierno, garantizando su responsabilidad. También facilitan la provisión efectiva de bienes públicos y promueven el desarrollo económico al crear un entorno legal predecible y transparente para que los negocios operen, fomentando el crecimiento y la estabilidad, y actuando como salvaguardia contra la corrupción y las violaciones a la integridad. Por el Estado de Derecho, cada persona tiene derecho a un trato igualitario de acuerdo con la ley y a un juicio justo por parte de tribunales independientes e imparciales (Venice Commission, 2011).
El Índice del Estado de Derecho del World Justice Project (WJP) evalúa varias dimensiones, cada una con una puntuación entre 0 y 1, donde 0 es la adhesión más débil y 1 la más fuerte al Estado de Derecho. La dimensión de las restricciones a los poderes del gobierno mide qué tanto los gobernantes están sujetos a la ley. Considera los mecanismos que restringen y aseguran la responsabilidad de los poderes ejercidos por el gobierno, así como los controles no gubernamentales, incluida una prensa libre e independiente. La dimensión de derechos fundamentales abarca el grado en que los gobiernos respetan las normas sobre derechos humanos establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluidos los derechos a la igualdad de trato y ausencia de discriminación, a la vida y la seguridad, y a la libertad de opinión y expresión. Las puntuaciones de los países para estas dos dimensiones en América Latina y el Caribe (ALC) están muy correlacionadas. La mayoría de los países tienen puntuaciones entre 0.5 y 0.7 en derechos fundamentales, y entre 0.4 y 0.6 en restricciones al gobierno. Por el contrario, la mayoría de los países de la OCDE tienen puntuaciones superiores a 0.7 en ambas dimensiones. Sin embargo, los resultados varían dentro de la región. Costa Rica (0.79 y 0.78), Uruguay (0.78 y 0.75) y Chile (0.72 y 0.71) tienen las puntuaciones altas, mientras que hay países con puntuaciones por debajo de 0.5 (Gráfico 3.10).
El Estado de Derecho también es crucial para combatir la corrupción. La dimensión de aplicación de normativas del Índice WJP mide, como una de sus subdimensiones, si la aplicación de normativas y la prestación de servicios públicos están sujetas a sobornos, influencia indebida de intereses privados u otros ilícitos. El promedio en la región es de 0.63, lo que implica que aún puede haber influencia indebida por intereses privados. Barbados (0.84), Uruguay (0.81) y Antigua y Barbuda (0.78) tienen las puntuaciones más altas, similar al promedio de la OCDE de 0.83 (Gráfico 3.11).
Una de las funciones del Estado de Derecho es proporcionar un sistema imparcial que resuelva conflictos sin discriminación. Las dimensiones de justicia civil y penal del Índice WJP miden, como una de sus subdimensiones, si el sistema de justicia o sus agentes discriminan por condición socioeconómica, género, etnia, religión, origen nacional, orientación sexual o identidad de género. En estas medidas se observa un patrón similar al de las otras dimensiones, con promedios más bajos en ALC que en la OCDE tanto para la justicia civil (0.51 frente a 0.66) como para el sistema penal (0.39 frente a 0.59). Hay diferencias entre estas dos puntuaciones en los países, registrando la mayoría una puntuación más baja para la justicia penal. En particular, El Salvador (0.16), Trinidad y Tobago (0.18) y Brasil (0.10) tienen puntuaciones bajas en la imparcialidad de su sistema penal, en contraste con sus puntuaciones en justicia civil (0.61 para El Salvador, 0.58 para Trinidad y Tobago y 0.46 para Brasil). Uruguay (0.79 para justicia civil y 0.62 para la penal) y Costa Rica (0.71, para ambas) tienen las puntuaciones más altas para ambas medidas (Gráfico 3.12).
