La participación de partes interesadas es fundamental para recabar información y comentarios sobre problemas públicos, identificar soluciones y desarrollar políticas sólidas que mejoren sus condiciones de vida. Los formuladores de políticas deben facilitar medios de participación para dar cabida a diversas partes interesadas, ya que esto proporciona mejor información sobre el diseño de las propuestas regulatorias y aumenta la confianza y la aceptación. Sin embargo, la confianza y la aceptación de las partes interesadas solo se genera cuando estos se sienten parte del proceso, y eso ocurre si los comentarios que aportan en las consultas públicas son considerados para la elaboración de las regulaciones (OCDE, 2021).
Recientemente, los países de América Latina y el Caribe (ALC) han diversificado la forma en que realizan las consultas públicas. Los países hacen un mayor uso de medios en línea, a la par de reuniones presenciales. Para 2022, las partes interesadas en los 11 países de ALC encuestados tenían la posibilidad de participar a través de sitios web o por correo electrónico en al menos algunas consultas públicas sobre regulaciones subordinadas (frente a 9 en 2019), y en 6 de 11 países (55%) pudieron participar a través de reuniones virtuales (3 en 2019). Del mismo modo, todos los países de ALC continúan realizando reuniones públicas presenciales para al menos algunas de sus propuestas regulatorias, y 10 de 11 países (91%) ponen los documentos de consulta a disposición de las partes interesadas para retroalimentación. Nueve países encuestados (82%) consultan formal e informalmente a grupos como sindicatos, empresas y la academia (Gráfico 5.3).
La efectividad de la participación de partes interesadas depende principalmente de que sus aportes lleguen a los formuladores de políticas y de la forma en que los usen. De los 11 países, 7 publican en línea los comentarios individuales recibidos, visibilizando las opiniones sobre las propuestas regulatorias. Sin embargo, solo en 4 de los 11 países (36%) los encargados de políticas responden a los comentarios por escrito, y en 6 (55%) publicitan las respuestas. Además, solo en Brasil, El Salvador, México, Perú y República Dominicana se consideran los comentarios para elaborar la regulación final (Gráfico 5.4).
Los Indicadores de Política y Gobernanza Regulatoria (iREG) de la OCDE miden la calidad de la consulta y la participación de partes interesadas en el desarrollo de regulaciones subordinadas. Entre 2019 y 2022, 8 de los 11 países (73%) mejoraron su puntuación iREG en el área de participación de partes interesadas, especialmente en cuanto a su supervisión. Brasil, Perú y República Dominicana muestran mayores avances, especialmente en la supervisión, mediante la creación de nuevos organismos de supervisión regulatoria (OSR) con responsabilidades para garantizar que las consultas públicas se realicen de forma adecuada. Ecuador también ha mejorado sus procesos de consulta adoptando directrices para su realización y diversificando la participación de las partes interesadas (Gráfico 5.5). Aunque en la mayoría de los países de la región la participación de las partes interesadas ha empezado a mejorar, aún queda mucho por hacer. Los países pueden beneficiarse de mejoras en varias áreas, como la transparencia de las consultas, la consideración de los comentarios para las propuestas regulatorias finales y el uso exhaustivo de las herramientas de consulta legalmente establecidas.
