El análisis de impacto regulatorio (AIR) es una herramienta que ayuda a los formuladores de políticas a identificar y evaluar los costos y beneficios potenciales para la sociedad de las propuestas regulatorias. El AIR identifica impactos potenciales en diferentes sectores y grupos, entre los cuales probablemente algunos se beneficiarán y otros asumirán los costos. El AIR ayuda a identificar las mejores soluciones a problemáticas detectadas. Al evaluar el impacto potencial de las regulaciones, los gobiernos pueden mejorar el ambiente regulatorio y reducir la incertidumbre, asegurándose de lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y el bienestar en pro del planeta y de las futuras generaciones. Además, el AIR fomenta la transparencia en el proceso regulatorio al publicitar la evidencia que sustenta las decisiones regulatorias, lo que a su vez aumenta la probabilidad de cumplimiento.
Desde 2015, más países de América Latina y el Caribe (ALC) conducen AIR para la creación de regulaciones subordinadas; sin embargo, sigue habiendo una brecha respecto a su implementación. Al año 2022, Ecuador, México y República Dominicana requieren que los formuladores de políticas realicen AIR para todas las propuestas de regulaciones subordinadas. Sin embargo, solo en México el AIR se realiza sistemáticamente, mientras que en siete países de ALC se lleva a cabo solo para algunas propuestas regulatorias. En República Dominicana, se está iniciando la implementación, pero aún no se realizan AIR; mientras que Ecuador amplió recientemente el alcance de los AIR, lo que podría explicar la disparidad entre los requisitos y la implementación. En 5 de los 11 países de ALC (45%) se conducen AIR para un número reducido de regulaciones subordinadas. Por ejemplo, en El Salvador, los formuladores de políticas realizan AIR para las propuestas regulatorias con potenciales costos de cumplimiento, y en Colombia se limitan a propuestas relativas a regulaciones técnicas (Gráfico 5.6).
La obligatoriedad de realizar AIR se establece en leyes, decretos o resoluciones vinculantes en 9 de los 11 países de ALC encuestados (82%). Al 2022, ocho países tienen leyes primarias que requieren que se realice AIR para crear regulaciones subordinadas, tres más que en 2019. Brasil actualizó su Ley de Libertad Económica en 2019, que exige la realización de AIR para la mayoría de las regulaciones, con excepción de los decretos; y República Dominicana promulgó la Ley de Mejora Regulatoria y Simplificación de Trámites que obliga a realizar el AIR para la elaboración de todas las regulaciones subordinadas. De los 11 países de ALC, en 6 (54%) existen decretos que ordenan los AIR para crear propuestas regulatorias, 3 más que en 2019. Por ejemplo, en Chile, un decreto presidencial promulgado en 2021 diferencia los AIR prescritos dependiendo de si el impacto esperado es moderado o alto. Ecuador emitió recientemente un decreto que obliga a llevar a cabo AIR para todas las propuestas regulatorias. En algunos países, la obligación de realizar AIR figura en más de un documento, que suelen ser regulaciones subordinadas que amplían la aplicación de leyes (Gráfico 5.7).
Los AIR no solo ayudan a identificar y evaluar la evidencia sobre el efecto potencial de las regulaciones, sino que también transparentan la evidencia utilizada para las propuestas regulatorias finales. En 2022, cuatro de los ocho países de ALC que realizan AIR, los publicaban, mientras que solo dos hacen públicos algunos de ellos. Chile y México publican todos sus AIR en portales centralizados. Chile pasó de que cada ministerio publicara los AIR en su sitio web a que se publiquen en un portal centralizado. México los publica en el sitio web de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), donde el público puede ver los impactos evaluados y comentar los resultados. En Costa Rica, los ministerios publican los AIR en sus sitios web, pero se está empezando a utilizar uno centralizado, el Sistema de Control Previo (SICOPRE) (Gráfico 5.8).
