La presupuestación con perspectiva de género es una herramienta de gobernanza pública que puede utilizarse para garantizar que el presupuesto refleje las prioridades gubernamentales en igualdad de género (OCDE, 2023). Cuando se aplica eficazmente, ayuda a reducir desigualdades de género en las políticas públicas y en la asignación de recursos. Para su correcta implementación es necesario contar con un marco institucional y estratégico sólido, crear métodos y herramientas eficaces que faciliten su adopción y ejecución, y fomentar un entorno favorable dentro de la administración. Los mecanismos de rendición de cuentas, la atención a los resultados y la medición del impacto también contribuyen a la eficacia y sostenibilidad de esta herramienta (OCDE, 2023). En los países de América Latina y el Caribe (ALC), el uso de esta herramienta está muy extendido. De los 13 países encuestados, 10 practican presupuestación de género (77%), en comparación con un 61% de los países de la OCDE. Además, Costa Rica y Guyana están considerando su adopción (Gráfico 6.4).
El índice de presupuestación con perspectiva de género de la OCDE evalúa la aplicación de los presupuestos en cinco pilares: i) marco institucional y estratégico; ii) métodos y herramientas; iii) entorno favorable; iv) rendición de cuentas y transparencia; y v) impacto (Gatt Rapa y Nicol, por publicarse). La puntuación promedio del Índice 2022 en ALC (0.47) es similar a la de los países de la OCDE (0.49). Tres países alcanzaron una puntuación avanzada (0.6 o superior). Argentina tiene la puntuación global más alta (0.75), y cuenta con un marco jurídico que permite la elaboración de presupuestación de género y usa diversas herramientas para aplicarla. México (0.63) y República Dominicana (0.60) también tienen una puntuación avanzada, lo que refleja un enfoque integral de la presupuestación y puntuaciones elevadas en los distintos componentes (Gráfico 6.5).
Los países de ALC tienen un promedio de 0.15 en sus marcos institucionales y estratégicos, por encima de los países de la OCDE (0.13). Argentina, Colombia y República Dominicana tienen la puntuación más alta posible (0.20), ya que tienen una base jurídica consolidada (ley o constitución) y objetivos claros en la materia. Aunque ALC tiene una puntuación promedio más baja en entornos favorables (0.08) en comparación con los países de la OCDE (0.10), República Dominicana (0.17) destaca por su entorno favorable consolidado, respaldado por directrices centrales, mecanismos de coordinación entre organismos y la disponibilidad de datos desglosados por género. La rendición de cuentas y la transparencia (0.07) y el impacto (0.08) son los pilares que en ALC obtuvieron las puntuaciones promedio más bajas, aunque similares a las de los países de la OCDE (0.09 para rendición de cuentas y transparencia y 0.07 en impacto) (Gráfico 6.5). Hay margen para seguir mejorando la supervisión y el uso efectivo de evidencias recopiladas por esta herramienta.
Respecto a los métodos y herramientas, tanto los países de ALC como los de la OCDE tienen un promedio del 0.9 (Gráfico 6.5). Argentina tiene la puntuación más alta (0.20) y es el único país que los utiliza en las distintas fases del ciclo presupuestario: planificación y formulación, aprobación, y ejecución y reasignación de prioridades. En general, en ALC se usan herramientas muy diferentes a las más utilizadas en países de la OCDE. Por ejemplo, la más usada en ALC (8 de cada 10; 80%) es el etiquetado presupuestario de género, seguido de la dimensión de género en las revisiones del gasto (5 de cada 10; 50%) (Gráfico 6.6). En cambio, la herramienta más extendida en los países de la OCDE es la dimensión de género en fijación de resultados (52%), seguida de la evaluación ex ante del impacto de género (48%) (OCDE, 2023).
