La contratación pública es fundamental para el suministro de bienes, servicios y obras. Disponer de procedimientos transparentes e innovadores es clave para garantizar una contratación pública eficiente, inclusiva y rentable, así como para mitigar riesgos de corrupción y prácticas ineficientes. El uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en todas las fases de la contratación pública tiene varias ventajas, como aumentar la transparencia, facilitar el seguimiento y la evaluación del gasto en la contratación pública, mejorar el acceso digital a las licitaciones públicas, aumentar el alcance y la competencia, y permitir que las irregularidades se detecten más fácilmente (OCDE, 2020). El uso de las TIC puede también contribuir con el ahorro de dinero y tiempo al reducir las cargas administrativas y los posibles errores en las distintas fases del ciclo de contratación pública.
En 2022, 16 de los 19 países de América Latina y el Caribe (ALC) encuestados (84%) utilizaron sus sistemas centrales de contratación electrónica en una o más etapas del ciclo de contratación pública. Los países de ALC utilizan estos sistemas electrónicos más frecuentemente en las primeras etapas del ciclo de contratación: para el anuncio de licitaciones (los 16 países encuestados), la presentación electrónica de ofertas (13 de los 16; 81%), y para notificar la adjudicación de la licitación (14 de los 16; 88%). La funcionalidad menos utilizada es la presentación electrónica de facturas, utilizada solo por 4 de los 16 países (25%). Chile, Colombia y República Dominicana cuentan con los sistemas de contratación electrónica más completos, ya que reportan disponer de todas las funcionalidades listadas. El Salvador y Haití utilizan sus sistemas de contratación electrónica solo para anunciar licitaciones (Gráfico 7.4).
La integración de la contratación electrónica con otros sistemas de gobierno electrónico (por ejemplo, sistemas presupuestales, registros de negocios y fiscales, bases de datos de la seguridad social y sistemas financieros de pago) puede ayudar a los funcionarios a recopilar e identificar datos de forma ágil y oportuna. En la región de ALC, 11 de los 19 países encuestados (58%) integran sus sistemas de contratación electrónica con otros sistemas de gobierno electrónico. Por ejemplo, a partir de 2018, Chile integró su sistema de contratación electrónica con su Sistema de Gestión Financiera Gubernamental (Gráfico 7.5).
Una contratación pública abierta y transparente requiere que exista divulgación pública de información sobre los posibles proveedores que participen en las licitaciones, incluido el beneficiario final de las empresas licitantes. En 15 de los 19 países de ALC (79%) existe alguna forma de divulgación de esta información. En nueve países, el licitador está obligado a proporcionar información sobre el beneficiario final de las empresas licitantes al registrarse como proveedor y es responsable de actualizarla, mientras que en ocho países los proveedores presentan esta información cada vez que participan en un proceso de contratación pública (Gráfico 7.6).
