Por infraestructura pública digital (IPD) se entienden los sistemas digitales comunes y fundamentales que permiten la prestación de servicios en la era digital. Sus elementos pueden ser desarrollados por el sector público o el privado, o conjuntamente para beneficiar la prestación y el acceso en ambos sectores y, en última instancia, de manera transfronteriza. La IPD debe basarse en estándares y ser reutilizable.
Los siete países de América Latina y el Caribe (ALC) encuestados han realizado progresos desiguales en el establecimiento de la IPD a nivel central en 2022. Por una parte, superan a la OCDE en áreas como la adopción de marcos de interoperabilidad (en todos los países de ALC en comparación con el 91% de la OCDE) y redes compartidas (en seis países de ALC, 86%, en comparación con el 82% de la OCDE), que son cruciales para la comunicación y el intercambio de datos entre organismos gubernamentales. Por otra parte, otros elementos de la IPD están menos extendidos: cuatro países de ALC (57%) tienen soluciones comunes de pago digital (similar a la OCDE, 55%). Además, tres países cuentan con herramientas digitales para notificar a los usuarios durante el proceso de acceso a un servicio (43%), en comparación con el 55% de la OCDE. Dos (29%) han implementado marcos de gestión de metadatos y registros de datos básicos, en comparación con el 61% y el 64% de la OCDE, respectivamente (Gráfico 9.3).
La identidad digital es un pilar fundamental de la IPD, sin embargo, los sistemas de ALC no proporcionan un acceso suficientemente amplio a los servicios públicos ni promueven la interoperabilidad intersectorial. Los sistemas nacionales de identidad digital solo permiten el acceso a la mitad o más de los servicios públicos en línea en cuatro países de ALC encuestados (57%), en comparación con el 73% de la OCDE (Gráfico en línea F.6.1). La gobernanza podría reforzarse en ALC para asegurar el uso confiable de las identidades digitales en todos los sectores. Mientras que seis países tienen un organismo o ministerio responsable de la identidad digital, solo Brasil abarca tanto el sector público como la economía digital en general, igual que en el 64% de la OCDE (Gráfico 9.4). Esto es una oportunidad para que los países establezcan marcos de identidad digital más sólidos e integrales, empoderando a los usuarios más allá del simple acceso a los servicios gubernamentales.
Otros tipos de IPD, como la infraestructura en la nube, son relevantes para permitir la transformación digital de los gobiernos a escala. Poner esto a disposición de las instituciones mejora la eficiencia y la escalabilidad para digitalizar los procesos y servicios gubernamentales. Solo Argentina cuenta con una estrategia de la nube, en comparación con el 36% de la OCDE. Sin embargo, cuatro (57%) han incluido la adopción de la nube dentro de sus estrategias nacionales de gobierno digital para permitir servicios escalables, en comparación con el 24% de la OCDE (Gráfico 9.5). En cuanto a soluciones específicas en la nube, ALC está rezagada con respecto a los países de la OCDE; solo tres (43%) ofrecen iniciativas de computación en la nube (en comparación con el 64% de la OCDE), plataforma como servicio (67%) y software como servicio (61%) (Gráfico en línea F.6.2). Esto demuestra la necesidad de mayores esfuerzos para traducir las estrategias en soluciones concretas.
