Los mecanismos para la evaluación de desempeño y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos de alto nivel sirven para identificar a los funcionarios de alto desempeño, asignar responsabilidades y mantener los más altos niveles de calidad en la prestación de servicios dentro del sector público. Estos mecanismos también garantizan que los altos directivos sean responsables y rindan cuentas de sus acciones y decisiones. El uso de mecanismos de evaluación y rendición de cuentas puede a veces resultar difícil debido a la complejidad de las operaciones, las estructuras burocráticas, las consideraciones políticas y la falta de datos detallados. Para hacer frente a estos retos suele ser necesario promover la transparencia, las evaluaciones basadas en datos y una cultura de apertura. A tales fines, los gobiernos disponen de marcos que definen las responsabilidades de cada cargo directivo, así como las sanciones por su incumplimiento. Tales marcos proporcionan claridad sobre las responsabilidades de los funcionarios públicos de alto nivel y crean incentivos para que cumplan con los objetivos del cargo.
Las características de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios públicos de alto nivel varían entre los países de América Latina y el Caribe (ALC). En 8 de los 15 países de ALC encuestados (53%), los funcionarios públicos de alto nivel son evaluados regularmente en función de sus objetivos de desempeño. Sin embargo, en siete países (47%), no es obligatoria la evaluación formal del desempeño para todos los funcionarios públicos de alto nivel. Chile y México recompensan a los directivos de alto rendimiento, incentivos que, si se diseñan correctamente, podrían fomentar la excelencia, motivar un mejor rendimiento y aumentar la eficiencia en la prestación de servicios públicos. Solo Chile y México evalúan el desempeño de los directivos en función de métricas específicas de productividad o de resultados. Por el contrario, y como otro tipo de incentivos, en cuatro países (27%), un desempeño deficiente podría causar el despido. (Gráfico 13.6). La ausencia de sistemas de supervisión del desempeño de los funcionarios públicos de alto nivel en la mayoría de los países de ALC representa un reto, ya que estos pueden servir como mecanismos útiles de rendición de cuentas y aplicación de mejoras.
La mayoría de los países de ALC (10 de 15; 67%) cuentan con una ley u otro documento vinculante que asigna responsabilidades y rendición de cuentas de los altos directivos respecto de sus objetivos, lo que aporta claridad sobre las funciones y el desempeño esperado. En 9 de los 15 países de ALC encuestados (60%), los directivos de alto nivel rinden cuentas tanto de su gestión de recursos humanos como de finanzas, porcentaje similar al de los países de la OCDE (57% en 2020). Sin embargo, solo cuatro países de ALC (27%) responsabilizan a los directivos de alto nivel de la gestión de crisis o riesgos, porcentaje similar al de los países de la OCDE (23% en 2020). En Brasil, Colombia, Costa Rica y México, los funcionarios públicos de alto nivel también son responsables de la gestión de la información y la tecnología (Gráfico 13.7). Esto significa que otros países de la región tienen margen para mejorar la asignación de responsabilidades de los funcionarios públicos de alto nivel para la gestión de la tecnología, incluido de asesoramiento sobre el uso adecuado y los posibles riesgos asociados con el uso de la inteligencia artificial.
